Autoridad formará comisión para cambiar el sistema de evaluación ambiental de proyectos de inversión


Un análisis profundo, que desencadene cambios estructurales en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), espera impulsar el Ministerio del Medio Ambiente dentro de algunos meses.

El titular de esta cartera, Pablo Badenier, explicó que están abocados a generar y consolidar una agenda legislativa para dar profundidad a temas medioambientales, lo que además de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que ya está en el Congreso, y la iniciativa de protección de glaciares, incluye otras reformas estructurales relacionadas con la tramitación ambiental de proyectos de inversión.

Esta idea, que viene desde la campaña presidencial, apunta a que todos los sectores vean una institucionalidad validada en lo técnico, según explicó el secretario de Estado -tras participar en un encuentro organizado por Pacto Global, iniciativa ligada a las Naciones Unidas-. Este tema, precisó, es parte de la agenda de mediano-largo plazo del ministerio.

La idea es conformar una comisión de expertos -con representantes del gobierno, académicos, consultores, gremios y ONG- que evalúen integralmente el SEIA, con énfasis en mecanismos y modalidades de participación ciudadana y certeza jurídica para los proyectos, así como plazos de tramitación e instancias de reclamación.

“Creemos que es tiempo de darnos la oportunidad como país de pensar un SEIA distinto. Quienes conocen el sistema, saben que prácticamente desde 1997 a la fecha venimos haciendo lo mismo, salvo algunos ajustes”, dijo Badenier.


Participación temprana


Según adelantó, la lógica con la que están pensando esta revisión -que no desencadenará ajustes reglamentarios, sino legales al alero de la norma que estableció la nueva institucionalidad ambiental- busca agilizar el sistema, objetivizar impactos ambientales y disminuir el costo que implica para el aparato público evaluar proyectos.

Dentro de las cosas que podrían surgir -agrega el ministro- está incorporar mecanismos de participación temprana por parte de la ciudadanía y los gobiernos locales sobre los emplazamientos de los proyectos. Esto apuntaría en la lógica de disminuir la conflictividad que se ha visto en los últimos años.

Así, dijo, una empresa podría comenzar a trabajar ambientalmente desde que está en la fase de prefactibilidad de un proyecto, adelantándose al proceso relacionado con la elaboración y tramitación del Estudio de Impacto Ambiental.

Otro tema que preocupa a la autoridad es bajar el costo, en horas hombres, asociado a la evaluación de las iniciativas de inversión, ya que hay servicios públicos que tienen que destinar muchas horas de trabajo al SEIA.

Para lograrlo, precisó, podrían crear registros certificados de consultores para garantizar la calidad de los estudios o, bien, mejorar los procedimientos internos de operación del sistema. Todo esto derivaría en mejores Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), que ha sido una crítica recurrente a nivel industria en los últimos años.

Medio Ambiente también trabajará una agenda de corto plazo, tendiente a resolver una cantidad importante de pertinencias de ingreso al sistema, que son las consultas que determinan si un proyecto debe ingresar o no a evaluación en el SEIA, sistema que hasta el momento no ha funcionado del todo bien, dijo Badenier.

Glaciares compatibles con minería
El ministro Pablo Badenier, además explicó que están avanzando en el análisis de la Ley de Protección de Glaciares, que debería presentarse en agosto. "Creemos que este debate es ineludible y hay que hacerlo pronto", dijo en el seminario. Agregó que la idea es tener una protección efectiva de los glaciares, donde quizás lo más fácil debería ser prohibir cualquier tipo de actividad, pero el camino correcto es establecer criterios claros para evaluar impactos reales. Por eso se trabaja en definir de la mejor manera algunos parámetros, como definiciones, clasificaciones y objetivizar posibles impactos. "Creemos que no es necesario decir a priori si estos impactos son significativos o irreversibles, sino que tienen que haber servicios públicos capaces de cuantificar ese impacto en el marco del SEIA", dijo. En esa línea, aclaró que ve posible que se compatibilicen actividades económicas -de turismo, geotermia o minería, por ejemplo- con la protección de los glaciares.